La Airef estima que la dana afectará la economía en un 0,6% del PIB, es decir, cerca de 9.500 millones de euros.
España se distanció por tres décimas de PIB de la meta de déficit público prevista para el año 2024. De acuerdo con las proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), actualizadas este jueves, el país concluyó el pasado año con un desajuste fiscal del 3,3% del PIB, un desvío de 0,3 puntos que se justifica exclusivamente por el severo impacto que tuvo a finales de octubre la dana que azotó la Comunidad Valenciana, y que resultó en más de 200 fallecidos. “Excluyendo dicho impacto, la previsión del déficit para 2024 se mantendría en torno al 3% del PIB”, enfatiza la Airef, en consonancia con el objetivo inicial del Gobierno. En su análisis, la Autoridad Fiscal estima que las medidas anunciadas hasta la fecha para mitigar los efectos de la catástrofe natural tendrán una repercusión fiscal total del 0,6% del PIB en todas las Administraciones públicas en 2024 y 2025. Este monto, que asciende a cerca de 9.500 millones de euros, se distribuirá de manera equitativa a lo largo del tiempo, con tres décimas en cada ejercicio.
A nivel central, explica el organismo que preside Cristina Herrero, el Gobierno ha aprobado medidas para contrarrestar los efectos de la dana por un importe valorado en cerca de 16.650 millones de euros a través de tres reales decretos leyes, mientras que la Comunidad Valenciana ha adoptado medidas de gasto por un valor aproximado de 1.300 millones y ha anunciado medidas de ingresos con un impacto limitado. También las corporaciones locales afectadas han adoptado iniciativas adicionales a las establecidas por el Estado. Pese a ello, el impacto de esta batería de medidas “es asumido mayoritariamente por la Administración central”. Y aunque se incluyen algunas medidas tributarias, como el aplazamiento del pago de impuestos, la mayoría implican gasto.
Sin embargo, la abultada diferencia entre los más de 18.000 millones de euros en ayudas anunciados por los diferentes niveles de la Administración y el impacto final en el déficit, de 9.500 millones, se explica por varios motivos. De entrada, calcula la Airef, unos 4.700 millones de los recursos movilizados corresponden a la línea de avales ICO, cuyo impacto en el desequilibrio público será de apenas 300 millones, atribuibles al coste de las garantías estandarizadas. Además, el aplazamiento de pagos tributarios, como el segundo plazo del IRPF y los impuestos de pymes y autónomos, no tendrían impacto en la Contabilidad Nacional.